Actualidad Semanal: Legislación y Jurisprudencia (17-2025)

Legislación y Jurisprudencia 

(17-2025)

LEGISLACIÓN:

Europa

• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2025/854 DE LA COMISIÓN de 7 de mayo de 2025 relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2026, 2027 y 2028 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal o sobre ellos, así como a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/989 

• DIRECTIVA (UE) 2025/872 DEL CONSEJO de 14 de abril de 2025 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad

Estatal

• Orden PJC/448/2025, de 6 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de mayo de 2025, por el que se aprueban actuaciones para complementar las recogidas en el Plan Nacional de Ciberseguridad.

• Orden PJC/413/2025, de 30 de abril, por la que se modifica la Orden PJC/491/2024, de 23 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado.

• Instrucción de 28 de abril de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacimientos mediante gestación por sustitución.

• Orden ISM/444/2025, de 30 de abril, por la que se regula el procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad en el anexo del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuanto a la anticipación de la jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento

Autonómico

• DECRETO 62/2025, de 28 de abril, por el que se desarrolla la Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria, en cuanto a la condición de operadores de pequeña escala en el mercado, la mención de artesano en quesos sin denominación de origen o indicación geográfica protegida y las responsabilidades y funciones de los enólogos y otros técnicos.

• DECRETO 61/2025, de 28 de abril, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026.

• ORDEN de 16 de abril de 2025, por la que se aprueba la política de seguridad de la información y de protección de datos personales de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea.

• ORDEN de 16 de abril de 2025, por la que se regulan las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades integrantes del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• ORDEN de 29 de abril de 2025, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones de “cuota cero” dirigidas a las personas trabajadoras autónomas

• Resolución de 29 de abril de 2025, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de aprobación del plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2026-2028.

JURISPRUDENCIA: 

Canarias: últimas sentencias publicadas

• Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias. Liquidación del segundo semestre del 2012. Se reitera la doctrina jurisprudencial establecida en la STS 243/2023, de 27 de febrero (rec. casación 2065/2021) y STS 1.487/2023, de 20 de noviembre (rec. cas. 208/2022), atinente a que exigir un tributo -en las circunstancias del caso, el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias- en el mismo ejercicio en que entre en vigor su ley reguladora, cuyo periodo impositivo es el año natural y que se devenga el último día del año natural, cuando dicha entrada en vigor se produjo con anterioridad a la fecha de devengo, no vulnera el principio de irretroactividad

• Despido disciplinario procedente por transgresión de buena fe contractual y abuso de confianza

• Infracciones muy graves a empresa por dar ocupación, sin estar de alta en la Seguridad Social, a dos trabajadores

• Incapacidad permanente total cualificada

• Vulneración del derecho a la indemnidad

Penal: 

• Costas procesales en segunda instancia.

• DESISTIMIENTO VOLUNTARIO. No se aprecia el desistimiento cuando el sujeto ha realizado intentos de homicidio frustrados por la resistencia de la víctima y al final decide no concluir con la acción. No es lo mismo desistimiento que la no insistencia en una acción homicida fallida.

• Momento para declarar la prescripción del delito: tanto en el procedimiento ordinario, mediante el incidente de los artículos de previo pronunciamiento, como en el procedimiento abreviado, mediante la comparecencia previa al acto del juicio, se contemplan momentos específicos en los que se busca que, mediante los escritos de calificación provisional de las acusaciones, el objeto procesal haya quedado sustancialmente delimitado.

• Delito contra la salud pública y asociación ilícita. Doble instancia. Asociación de cannabis.

• Delito relativo al mercado y los consumidores por "apoderamiento" (mediante reproducción de imagen) de documentos, para apoderarse de un secreto de empresa del art. 278 CP.

Civil:

• Carga de la prueba del conocimiento por el ocupante del vehículo de que este era robado a efectos de ser indemnizado por el Organismo público encargado de la indemnización

• Indemnización de daños y perjuicios consistentes en las liquidaciones negativas de un swap contratado sin que la entidad financiera informara adecuadamente sobre la naturaleza y riesgos del producto. Existencia de relación de causalidad directa entre la conducta ilícita (incumplimiento de las obligaciones de asesoramiento en la contratación de un producto financiero complejo) y los daños sufridos por el cliente (las liquidaciones negativas). Congruencia en segunda instancia. Se infringe si se revoca un pronunciamiento sobre el que el demandado apelante no había formulado impugnación, por más que con carácter principal hubiera pedido la desestimación íntegra de la demanda. Procedencia de la condena al pago de las liquidaciones negativas devengadas entre la interposición de la demanda y la sentencia y las que se devenguen con posterioridad a la sentencia hasta el vencimiento del swap

• Derechos fundamentales. Derecho al honor y libertad de información. Publicación en diario digital de imagen de avioneta tras un accidente aéreo en las proximidades de un aeródromo

• Daños causados por negligencia médica. Aplicación con carácter orientativo del baremo de accidentes de trafico vigente en la fecha de estabilización de las lesiones. Concepto de estabilización. Intereses del art. 20 LCS desde la fecha de interpelación judicial al no haberse acreditado que la aseguradora tuviera conocimiento del siniestro con anterioridad a este momento.

• Revisión de sentencia firme. Maquinación fraudulenta. Ocultación del domicilio del demandado. Necesidad de que entre el acto de quien dificulta el emplazamiento de la parte contraria y la posible indefensión de ésta exista relación de causalidad.

• Un Juzgado declara nula por abusiva la cláusula IRPH-Cajas aplicando la reciente jurisprudencia del TJUE

Social:

• Condena al INSS al abono de intereses moratorios sustantivos del complemento de maternidad por aportación demográfica: no procede. Sentencia de Pleno con voto particular.

• El cálculo de la pensión de incapacidad permanente según el salario recibido no discrimina a las mujeres con reducción de jornada por cuidado de hijo

• AIR NOSTRUM. Conflicto colectivo. Subrogación de trabajadores técnicos de mantenimiento. Aplicación del IV Convenio colectivo de Air Nostrum, Líneas Aéreas Mediterráneo S.A y sus trabajadores Técnicos de Mantenimiento, a toda la plantilla de la empresa Air Nostrum Engineering And Maintance Operations S.L incluidos en el ámbito funcional del mismo, independientemente de su fecha de incorporación a la misma, pese a que dicho convenio estaba en fase de ultraactividad al haber sido denunciado por la empresa. Interpretación del art. 44.4 del ET. No se aplica el nuevo convenio colectivo de sector a los trabajadores subrogados y de nueva contratación al constar acuerdo en el que la empresa manifestó su voluntad de mantener, durante el periodo de negociación del nuevo convenio, las condiciones individuales que provenían del anterior convenio colectivo de Air Nostrum. Aplica doctrina STS 101/2025 de 5 de febrero rec 58/2023 (y las que cita). Derecho de los trabajadores técnicos de mantenimiento y asistencia incorporados a la empresa a partir del 1 de enero de 2022 a los billetes gratuitos y con descuentos reconocidos en el artículo 9.4 del IV convenio colectivo de franja. Aplica, con matizaciones, la STS 112/2019 de 13 de febrero de 2019 rcud 771/2017

• La empresa puede recurrir en suplicación la sentencia del juzgado de lo social que declara la nulidad de la sanción por falta muy grave impuesta al trabajador por vulnerar su garantía de indemnidad. Aplica doctrina, especialmente de la STS 22/2024, de 9 de enero (rcud 348/2021). De acuerdo con el Ministerio Fiscal, se estima el recurso y se devuelven las actuaciones a la sala de suplicación para que, partiendo de la recurribilidad de la sentencia de instancia y con plena libertad de criterio, dicte nueva resolución resolviendo el recurso de suplicación interpuesto en lo relativo a la vulneración de derechos fundamentales

Administrativo:

• Sanción disciplinaria impuesta a un letrado que reenvió los correos del abogado de la contraparte a sus clientes en el marco de un proceso de negociación extrajudicial de una herencia. Vulneración del principio de confianza recíproca entre los letrados. 

• Contratación administrativa. Interpretación de los artículos 217 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 199 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En el ámbito de las reclamaciones de abono del principal y/o intereses de demora derivados de contratos administrativos a los que sean de aplicación los artículos 216 y 217 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (ahora 198 y 199 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre), el plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, no es el de tres meses fijado en el art. 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sino el de un mes, contemplado en el aplicable art.217 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y ahora en el art. 199 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

• Nulidad de la decisión verbal de la alcaldía prohibiendo a un grupo municipal grabar una sesión plenaria con videocámara. La certificación del acta del secretario municipal acredita que no se emitió una mera recomendación, sino que se prohibió, aunque no se utilizara explícitamente esa palabra. Es un principio básico que las sesiones del pleno son públicas y su restricción tiene carácter excepcional. Rechazo de la alegación del Ministerio Fiscal sobre la aplicación Reglamento europeo de protección de datos. Vulneración de los derechos fundamentales a la libre información y de participación política.

• Reclamación de abono de intereses por pago tardío de revisiones de precio y certificación final de obra. Se cuestiona el periodo de pago de las certificaciones y los intereses de demora por certificaciones negativas de revisión de precios.

• Incidencia de una Orden Ministerial que declara el expolio de un conjunto histórico y obliga a suspender la ejecución del Plan Especial que lo ordena sobre los procedimientos expropiatorios iniciados a su amparo.

• El depósito de vehículos en dependencias de la Policía Local es un secuestro judicial

• Se mantiene la prohibición de contratar a una empresa sancionada que, aunque pagó la multa, creó otra mercantil para licitar

Mercantil:

• Clasificación del crédito de un fiador en el concurso de acreedores del deudor principal, mientras no se haya ejecutado el afianzamiento. Crédito contingente, sin perjuicio de la clasificación que merezca cuando se ejecute el afianzamiento.

• Concursal. La prohibición de compensación del art. 58 LC no se aplica respecto de créditos que no sean concursales, ni tampoco cuando se trate de créditos y deudas derivadas de la misma relación contractual.

Tributario:

• Recalificación de negocio simulado. Ejercicio prescrito. Vigencia LGT 1963. Voto particular.

• Cuestión: aplicación de la exención del artículo 7 p) de la LIRPF a los militares desplazados en buques de la armada en misiones de la OTAN. Interpretación de las exenciones en materia tributaria y en concreto de los requisitos exigidos para la aplicación de la prevista en el artículo 7 p). Concepto de buque a los efectos del "territorio extranjero" y presupuesto de la internacionalización de la realización del trabajo y desplazamiento efectivo de la residencia.

• Nulidad de una liquidación firme relativa al impuesto sobre incremento de valor de los terrenos como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 59/2017, de 11 de mayo

• Sanción aduanera por la comisión de una infracción tipificada en el art. 192 LGT. Aunque esta Sala ha declarado que el principio de firmeza administrativa de las liquidaciones despliega sus efectos en el acto consentido, no lo hace en los otros posteriores. Ello hace posible basar la impugnación de la sanción en motivos propios de la liquidación firme, pues es exigencia de la efectividad de la tutela judicial que deben dispensar jueces y tribunales (art. 24.1 CE). Sin embargo, en este caso, la liquidación dictada no es el acto antecedente necesario de la sanción que se impugna, impuesta por el incumplimiento de deberes formales en relación con las declaraciones aduaneras, lo que hace inviable el recurso de casación

INFORMES, ACUERDOS, PROYECTOS DE LEY, CIRCULARES Y MEMORIAS

• Proyecto de orden ministerial por la que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

• Proyecto de Ley para la reducción de la Jornada Laboral y Garantía del Derecho a la Desconexión

CONVENIOS COLECTIVOS

• Resolución de 22 de abril de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de aprobación y actualización de las tablas salariales para el año 2025 del III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center.

• Últimos Convenios Colectivos publicados (del 16 al 30 de abril de 2025)